Mañana, 27 de enero, se cumple el cuarto aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia que resolvió exitosamente y de manera definitiva la controversia sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile. La sentencia de la corte reconoció la soberanía del Perú sobre un área de 50.182 kilómetros cuadrados de mar, su suelo, subsuelo y los recursos allí existentes, ampliando de manera significativa nuestro dominio marítimo hasta las 200 millas.
El fallo fue aceptado por ambas partes y entró en vigor desde que fue puesto en conocimiento del Perú y Chile. La Marina de Guerra del Perú ejerció de inmediato la jurisdicción peruana sobre el mar que habíamos ganado y en dos meses ambos gobiernos acordaron las coordenadas geográficas del límite establecido por la corte en la sentencia, según se dejó constancia en el acta binacional del 25 de marzo del 2014. El fallo es histórico porque la controversia se resolvió por los medios de arreglo pacífico de las controversias que establece la Carta de las Naciones Unidas, logrando el Perú una solución equitativa conforme a los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En esta época de elecciones, es pertinente recordar que el juicio de La Haya es un ejemplo de lo que pueden hacer los peruanos actuando unidos en un asunto de permanente interés nacional, pues el tema fue conducido de manera uniforme como una política de Estado, profesionalmente, por los tres últimos gobiernos del Perú. Con Alejandro Toledo se planteó formalmente la controversia marítima a Chile y se realizaron los primeros trabajos preparatorios para el juicio; durante la gestión de Alan García se presentó la demanda ante la corte y se siguió la larga fase escrita del proceso; y en el gobierno de Ollanta Humala, se desarrolló la fase oral del juicio, se recibió el fallo y este se acató y ejecutó plenamente.
Con la sentencia de La Haya, el Perú concluyó el proceso de delimitación de todas sus fronteras, tanto terrestres como marítimas. Este ha sido el único caso en que nuestros límites fueron establecidos mediante la decisión del máximo tribunal de justicia del mundo, tercero imparcial al cual el Perú acudió para que se aplique el derecho internacional.
El Perú y Chile deben terminar de aprobar los ajustes a su legislación nacional para adecuarla plenamente a la sentencia y al derecho internacional vigente. Para ello, en el Congreso peruano se encuentra pendiente el proyecto de ley “sobre el ejercicio de las libertades de comunicación internacional en el Perú”. A su vez, en el Congreso chileno se encuentra pendiente el proyecto de ley “que precisa la definición del ámbito espacial contenida en el artículo 2, N° 24 de la Ley General de Pesca y Acuicultura”. Asimismo, los gobiernos del Perú y/o de Chile deben proceder a registrar en las Naciones Unidas las coordenadas geográficas ya acordadas conforme a la sentencia de la corte.
Si bien la sentencia ha sido aceptada y ejecutada plenamente por las partes y la frontera marítima ya quedó establecida de manera definitiva hace dos años, sería conveniente que los gobiernos y los Congresos del Perú y de Chile culminen el perfeccionamiento legal, lo cual contribuirá a fortalecer una relación política orientada a una mayor cooperación y amistad entre dos países vecinos que comparten diversos intereses bilaterales y multilaterales.
Por Eduardo Ferrero Costa
Fuente:
El Comercio
