El monitor de río Manco Cápac, adquirido por Mariano Ignacio Prado en 1867, en lo que representa el mayor caso de corrupción en la compra de armamento por el Perú en el siglo XIX.
Desde su gestación, la compra de los monitores fue una operación fraudulenta. El 4 de octubre de 1867, fecha del contrato, el propietario legal de las embarcaciones era el Gobierno de los Estados Unidos y no la firma vendedora Swift y Co. Sin constatar si el propietario de las naves era quien decía serlo, y más interesado en formalizar la operación rápidamente, Prado hizo venir a Lima a Gustavus Ricker, representante de la firma Alexander Swift y Co., y ordenó firmar en la capital peruana el contrato de adquisición al ministro de Guerra y Marina Mariano Pío Cornejo.
En transacción ostensiblemente sobrevaluada, el Perú pagó por los blindados la suma de dos millones de pesos (Basadre 1968-70, VI: 61). Dicha cantidad fue bastante mayor que la suma de 1,242,850 dólares, costo original de ambas naves (Congreso de Estados Unidos 1869, 9, 29). Más aún, el 18 de febrero de 1868 la Comisión de la Marina de los Estados Unidos encargada de la tasación de ambos monitores los avaluó en 755,000 dólares (Congreso de Estados Unidos 1869, 9, 29). El negociado dejó a la firma vendedora una ganancia estimada en más de un millón doscientos mil dólares.
Las anteriores irregularidades no fueron las únicas detectadas en el proceso de adquisición. Señalaremos además que el contrato firmado por el gobierno de Prado con Alexander Swift y Co. no fijó fecha de entrega de las naves al Perú (Congreso de Estados Unidos 1869, 189). A pesar que en febrero de 1868 los monitores habían sido íntegramente pagados, en esa misma fecha el Gobierno de los Estados Unidos seguía siendo dueño legal de ambos. Alexander Swift and Co. ni siquiera los tenía en su poder.
Conservadoramente, se estima que Prado percibió como cohecho por esta operación entre el 10% y el 20% del importe total de la misma, es decir 200,000 y 400,000 dólares (entre 4.5 y 9 millones de dólares del día de hoy). El propio Gustavus Ricker reconoció haber tenido que efectuar entregas irregulares a los gobernantes peruanos. Interrogado por la comisión investigadora del Congreso de los EE.UU., Ricker contestó textualmente: “Nosotros tuvimos que pagar algo en el extranjero [es decir, en el Perú]” (Congreso de Estados Unidos 1869, 248).
Como escribió Basadre (1968-70, VI: 62), “no se llega a comprender cuáles fueron los beneficios aportados al país con la adquisición del Manco Capac y el Atahualpa”. Quien sí entendió el negocio, y bastante bien, fue don Mariano Ignacio Prado.
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